La ONU reclama políticas alimentarias basadas en los derechos humanos

Un grupo de expertos de Naciones Unidas ha hecho un llamamiento a los gobiernos, las empresas y los inversores para que adopten enfoques basados ​​en los derechos humanos en las políticas alimentarias. El pronunciamiento, hecho público el 23 de junio, pone el foco en la necesidad de transformar los sistemas agroalimentarios globales para garantizar no sólo la disponibilidad de alimentos, sino también el derecho de las personas y comunidades a decidir cómo se producen, distribuyen y consumen.

Según los expertos, la lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria no puede limitarse a incrementar la producción agrícola. Hay que asegurar que los pequeños agricultores, pescadores artesanales, pueblos indígenas y comunidades rurales tengan acceso a los recursos productivos y participen en la toma de decisiones que afectan a sus medios de vida.

La declaración alerta de los riesgos derivados de la concentración de poder en manos de grandes corporaciones agroalimentarias, un fenómeno que puede reducir la autonomía de los productores locales y limitar la diversidad de sistemas alimentarios. En este sentido, los expertos defienden modelos más sostenibles y democráticos que refuercen a las economías locales y protejan los recursos naturales.

Este posicionamiento conecta directamente con los principios de la soberanía alimentaria, un concepto impulsado por movimientos campesinos de todo el mundo que reivindica el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias. La soberanía alimentaria promueve la producción local, la agroecología, la conservación de las semillas tradicionales y una distribución más justa de los beneficios generados por el sector agroalimentario.

La intervención de la ONU llega en un contexto marcado por los efectos del cambio climático, el aumento de los costes de producción y las tensiones geopolíticas que afectan a las cadenas globales de suministro de alimentos. Ante estos retos, cada vez más organizaciones internacionales y entidades sociales reclaman una transición hacia sistemas alimenticios más resilientes y arraigados en el territorio.

Los expertos consideran que garantizar el derecho a la alimentación implica también proteger los derechos sobre tierra, agua y semillas, así como asegurar unas condiciones de vida dignas para las personas que trabajan en el sector primario. Por este motivo, instan a los estados a incorporar estos principios en sus políticas públicas y en los marcos reguladores que afectan a las inversiones agrícolas.

La declaración refuerza un debate cada vez más presente en la agenda internacional: la necesidad de combinar la seguridad alimenticia con la justicia social y ambiental. Para los defensores de la soberanía alimentaria, este enfoque es esencial para construir sistemas alimenticios más equitativos, sostenibles y capaces de responder a los desafíos del siglo XXI.